Es común que las cuentas públicas al ser aprobadas y sobre todo cuando son rechazadas, en éste caso por la legislatura local, generen polémica.
Porque se trata de hechos que pueden ir más allá del procedimiento estrictamente técnico y legal para impregnarse de aspectos de carácter político.
Así ocurre cuando un funcionario por designación o elección popular, por ejemplo los alcaldes, les da por no respetar las reglas establecidas.
Una de estas se incumple si se pertenece al partido en el gobierno y el edil saliente quiere dejar a su relevo, sin el visto bueno de la jefatura política.
Precisamente para orientar a los que se quieren pasar de la raya y ubicarlos en la sana normalidad, se les hace el respectivo ajuste por medio de las cuentas públicas que tienen que llegar al congreso.
Al menos eso dicen que eso sucedía en el “viejo Tamaulipas” aunque, en la actualidad, aun puede darse cierto tipo de manejo, desde las instancias del poder.
Por supuesto que los presidentes municipales del instituto oficial y los opositores, están obligados a comprobar en qué se gasta o invierte el recurso público recibido. Eso tiene que ser así.
De ahí que valga la pena estar al pendiente de las 146 cuentas públicas que recibió la Comisión de Vigilancia de la Sexagésima Segunda Legislatura, de manos del Auditor Superior del Estado, MIGUEL ÁNGEL SALMAN ÁLVAREZ, por cierto, cuatro de éstas correspondientes al ejercicio 2008-2010, en sentido negativo.
Ello se dio a conocer por medio de comunicado y también se ventiló que nueve cuentas más, de igual número de municipios, del ejercicio anual 2013, le falta información por lo que serán abordadas en el 2015 por los diputados, una vez que el Auditor requiera la información y lleve a cabo la revisión que amerita.
Diríamos que hasta ahí la cosa pinta dentro de lo que es. Más si los especialistas en el tema se aplicaron a fondo para hacer efectiva la transparencia y rendición de cuentas.
Sin embargo, habría que señalar que los paquetes de pendientes involucran a más de un opositor. Ahí está CESAR VERÁSTIEGUI OSTOS, ex edil de Xicoténcatl y actual prospecto a la dirigencia del PAN.
Pero igual queda para el próximo año el municipio de Matamoros, en lo que respecta al 2013, cuya referencia la deberá dar la edil, LETICIA SALAZAR VÁZQUEZ.
A la fémina le toco cerrar el ejercicio en tanto que entro en funciones en octubre del 2013, mientras que los meses anteriores fueron parte de la administración del priista ALFONSO SÁNCHEZ GARZA.
Algo que llama la atención es la cuenta pendiente del ahora senador albiceleste, FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, de cuando fue alcalde de Reynosa.
Se esperaba que se viera, en calidad de prioridad, lo mismo que otras cuentas rezagadas pero, para sorpresa, no se ha dicho nada al respecto.
La lógica establece que deben salir los documentos atrasados y luego los recientes.
Es pertinente señalar que entre los paquetes no aprobados se incluye de administraciones de corte priista.
Ahora bien, si los números no cuadran, solo es cosa de que los ediles que están en “capilla” aclaren la situación para que salgan con “banderas desplegadas”. Sino, significa que se fueron grandes y eso trae consecuencias.
La otra posibilidad es la que menciona el guía de la fracción parlamentaria panista, ENRIQUE RIVAS CUELLAR, al señalar que se quiere maniobrar políticamente desde el congreso. “Las cuentas públicas siempre tendrán un matiz político, aunque no se acepte”, declaró.
RULETA
Insisten algunos guías de transporte público que la llamada tarifa diferenciada, que proponen desde la subsecretaría del transporte del gobierno de la entidad y que se autorizará antes de que concluya el presente año, será un fracaso.
Esta consiste en que cobrarán más aquellos concesionarios que cumplan con la modernización de sus unidades.
De modo que los operarios de muebles de modelos desde el 2012 a la fecha, tendrán una tarifa de 10 pesos.
Por su parte, vehículos del transporte público del 2011 al 2000 se les autorizarán nueve pesos por pasajero.
Con respecto a las unidades que son de 1999 y anteriores, tendrán que seguir recibiendo ocho pesos.
Para los estudiantes y adultos mayores, la tarifa no cambiará por lo que seguirá en seis pesos.
Sin duda se trata de una segmentación que tiende hacer justicia a los concesionarios que hacen un esfuerzo a fin de prestar un mejor servicio a su clientela.
Pese a ello, priva el escepticismo en más de uno de los guías de los organismos de “peseros”, los cuales es piensan que lo propuesto no funcionará.
Y es que, a su juicio, dadas la situación crítica en que sobreviven los sectores populares, las personas optaran por subirse a las unidades cuya tarifa es la más económica.
Si fuera el caso, los microbuses recientes tendrán menor pasaje y eso impactará en forma negativa a los concesionarios que hicieron el esfuerzo para cumplir con la ley.
En fin, por planes y tarifas diferenciadas, es obvio que no se va a parar.
AL CIERRE
Integrantes de la Central Campesina Cardenista se movilizaron ante varias dependencias del gobierno de la república, con sede en Victoria.
En la delegación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), exigieron 150 apoyos para vivienda rural, en vales
para igual número de familias. Y así por el estilo en la SAGARPA y otras.
