Poco antes de su haber sido hallado sin vida, le magistrade reconoció haber recibido amenazas de muerte, e incluso durante una entrevista en el programa La VerDrag, transmitido en el Canal Once, se refirió a los discursos de odio de los que era objetivo: “Cada vez ha ido aumentando más el discurso de odio hacia mi persona, lo he visto en redes sociales, pero lo que más me lamenta son las amenazas de muerte que he estado recibiendo últimamente», dijo, y afirmó que «del discurso verbal sigue la agresión física, y termina con asesinatos”.
Una de las voces que claman justicia por el caso, es la de la legisladora transgénero del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Salma Luévano, quien el pasado 15 de noviembre adelantó que pedirá a las diferentes fracciones partidistas de la Cámara de Diputados acompañar una iniciativa en contra de los discursos de odio, conocida como «Ley Ociel Baena».
En conferencia de prensa, Luévano Luna expuso que, aunque polémica, la iniciativa pretende «castigar y sancionar los discursos de odio (…) a quienes inciten o promuevan discursos de odio» pues, dijo, además de seguir con la «misión» de Ociel Baena, se trata de un tema de dignidad: «No son caprichos los que estamos pidiendo son derechos humanos», sentenció.
A través de un video en redes sociales, publicado el pasado 17 de noviembre, abundó en el asunto y aclaró que se trata de tipificar y sancionar los crímenes de odio en contra de las personas por su orientación sexual, identidad de género o expresión de género, pues, considera, «la falta de una perspectiva de diversidad sexual en la investigación, y una sanción acorde a la violencia con la que se cometen estos crímenes sólo genera impunidad».
