PROCESO.- Los diputados de la LXI legislatura local solicitaron un amparo ante la justicia federal para negarse a cumplir una resolución emitida por el Instituto de Transparencia estatal (Itaigro), que ordenó revelar el monto total del salario neto y bruto de los legisladores que junto a otro tipo de prestaciones y bonos suman más de 200 mil pesos mensuales.
El apoderado legal externo del Poder Legislativo, Ciro Rubio Alvarado, aseguró en su alegato presentado a principios de este mes ante el Juzgado Décimo de Distrito, con sede en esta capital, que esta decisión “traería efectos perniciosos en las garantías fundamentales” de los diputados locales.
De esta forma, los integrantes de la LXI legislatura local que encabeza la diputada priista, Flor Añorve Ocampo, pretenden evadir su responsabilidad e incumplir con las disposiciones de Ley 207 de Transparencia en Guerrero que ellos mismos aprobaron el año pasado donde se indica que los datos sobre sueldos y percepciones de servidores públicos en la entidad se considera información pública de oficio.
El hecho es el primer antecedente jurídico registrado en la entidad sobre la resistencia de la clase política para erradicar vicios que fomentan la corrupción y el manejo discrecional de recursos públicos, y también exhibe el nivel de opacidad que existe en Guerrero.
Documentos oficiales obtenidos por Proceso indican que el primero de julio de 2016, un ciudadano solicitó información al Congreso local, sobre la remuneración bruta y neta de todos los diputados locales y su personal de confianza, incluyendo todas las prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos y sistemas de compensación.
El 27 de junio, el solicitante interpuso un recurso de revisión ante el órgano garante (Itaigro), porque no recibió la información que solicitó vía transparencia.
