SIN EMBARGO.- Desde una perspectiva de género y un enfoque de derechos humanos laborales, las 2.3 millones de trabajadoras domésticas remuneradas en México enfrentan alguno de los múltiples escenarios de discriminación y violencia, incluyendo hostigamiento sexual. Además, al carecer de un contrato laboral escrito, trabajan jornadas superiores a la ley sin paga extra, no cuentan con seguridad social, pensión, vacaciones ni aguinaldo, determinó un 
estudio de la organización Impunidad Cero.
El 81 por ciento de ellas se dedica a ese trabajo por razones de necesidad económica y factores de pobreza, entre los que destaca la falta de
estudios y oportunidades. Además, el 23.8 por ciento no ha concluido la primaria, de acuerdo con cifras oficiales citadas.
A pesar de ello, el Poder Ejecutivo federal no ha enviado al Senado de la República para su estudio y aprobación el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, que forzaría a que las trabajadoras domésticas cuenten con seguridad social, pensión y contratos de trabajo. Otros países de América Latina ya lo han ratificado y tiene fuerza de Ley.
“El problema es que el Ejecutivo federal firmó el convenio 189 desde 2011, pero es fecha que no lo ha mandado al Senado a pesar de que [en diciembre] lo ha exhortado para que lo envíe y pueda estudiarlo”, dijo en entrevista.
En México, el 90 por ciento no tiene un contrato laboral, de acuerdo con la Comisión Nacional contra la Discriminación (Conapred). Esto las priva de derechos de seguridad social como seguro médico, licencia de maternidad, guardería para sus hijos, pago por incapacidad, pensión, ahorro y créditos para vivienda.
De acuerdo con la especialista en derecho, el trabajo en el hogar se realiza en condiciones de discriminación y precariedad laboral porque por los roles de género establecidos no se considera propiamente un trabajo y al ser en la esfera privada es “invisibilizado e infravalorado” respecto a su valor productivo
