PROCESO.- Integrantes de la comunidad universitaria, consultados por Proceso, coinciden en que la máxima casa de estudios del país carece de una política integral en materia de seguridad, pese a que sus esfuerzos formales por combatir hechos delictivos en su interior datan de 1985, cuando se creó una Comisión Especial de Seguridad en el seno de su Consejo Universitario (máximo órgano de autoridad colegiada), así como subcomisiones en la materia en cada una de sus facultades, escuelas e institutos.
Para el experto en temas de defensa y seguridad nacional Javier Oliva Posada, exacadémico del Consejo Técnico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la UNAM, el problema está en que las acciones de las autoridades universitarias han surgido como “medidas reactivas” que son modificadas por el rector o los directores de las facultades en turno.
“Las medidas que se han tomado no son intensas, tampoco sistemáticas ni continuadas. Por otro lado, aterrizar políticas específicas de seguridad en la universidad es un procedimiento bastante complicado (…) no veo objetivos”, consideró el también excoordinador del diplomado Defensa y Seguridad Nacionales, de la FCPyS.
Tras asumir la Rectoría de la UNAM en noviembre de 2015, Enrique Graue Wiechers presentó su Plan de Desarrollo Institucional 2015-2019, integrado por 17 programas estratégicos; en el último, apenas aborda el tema de la seguridad.
En cuatro líneas de acción y seis proyectos estratégicos, el rector plantea atender las necesidades de los laboratorios y talleres para prevenir accidentes en materia de protección civil, fortalecer la cultura de la prevención y del autocuidado, alumbrar espacios “críticos” de la universidad, fortalecer las capacidades de vigilancia, optimizar el sistema de transporte y continuar con el fortalecimiento de vigilancia en los alrededores de los campus mediante convenios con las autoridades. De ahí en fuera, no hay más planteamientos
