En una declaración pública, el Colegio expresó que el uso del poder penal como herramienta de intimidación. Pone en riesgo la independencia judicial y debilita la confianza en el Estado de derecho.
“La posibilidad de que los jueces puedan ser investigados y sancionados por emitir resoluciones en el ejercicio de sus funciones judiciales socava principios fundamentales del debido proceso y viola los estándares internacionales de independencia judicial”, señaló el City Bar.
El 7 de febrero pasado, Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en Michoacán, y María Gabriela Ruiz Márquez, Jueza Sexta de Distrito en Materia Administrativa en Jalisco. Informaron que la FGR había iniciado investigaciones en su contra.
A su vez, Santamaría Chamú dictó suspensiones que frenaron la elección judicial, mientras que Ruiz emitió la primera sentencia de amparo contra la reforma.
El City Bar, una organización fundada en 1870 que agrupa a 23 mil miembros. Indicó que el Gobierno mexicano debe garantizar el respeto pleno a la autonomía del Poder Judicial. —Con ello para que los jueces puedan desempeñar su labor sin presiones externas—.
“El City Bar exige a las autoridades mexicanas y otras instancias que dé garantías efectivas de protección para los jueces afectados, en particular medidas de seguridad para preservar su integridad física y moral, así como su independencia en el ejercicio de la función judicial”, concluyó.
