La medida se dio a conocer el miércoles, mientras el Fiscal General de Arizona, Mark Brnovich, interponía una demanda para evitar que el recién confirmado Secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, implementara la moratoria de 100 días en las deportaciones decretada por Biden. Un juez federal de Texas ya la ha suspendido.
“La comunidad de seguridad pública está particularmente preocupada por el hecho de que extranjeros que han sido acusados o declarados culpables de delitos sean puestos en libertad como resultado de la moratoria de 100 días del DHS”, señaló Brnovich en la demanda federal, utilizando las siglas en inglés del departamento.
Añadió que las autoridades también temen que “liberar a individuos durante la pandemia de COVID-19 abrumará aún más a los hospitales y los servicios sociales a nivel local y condal”.
Una orden judicial emitida el mes pasado prohibió temporalmente al Gobierno estadounidense implementar una pausa en las deportaciones. El expediente presentado por Brnovich revela que el DHS canceló el acuerdo de inmigración que él hizo con la agencia, que era uno de por lo menos nueve acuerdos firmados por el DHS con jurisdicciones estatales y locales durante las últimas semanas del Gobierno de Trump.
Los acuerdos señalan que las jurisdicciones tienen el derecho a un periodo de consulta de 180 días antes de que las modificaciones de políticas del poder ejecutivo entren en vigor.
Esto surge la misma semana en la que un informante reveló que el entonces secretario interino de Seguridad Nacional, Ken Cuccinelli, también concretó acuerdos de último momento con un sindicato del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés).
El Proyecto de Rendición de Cuentas del Gobierno dijo en una denuncia de informante enviada el lunes al Congreso y dos organismos federales de supervisión que los acuerdos laborales conceden “un poder y unos beneficios extraordinarios” al sindicato American Federation of Government Employees ICE Council 118, el cual representa a unos 7.500 empleados y respaldó a Trump en 2016 y 2020.
Además de mejorar los beneficios económicos, los acuerdos dan al sindicato el poder para postergar los cambios a las políticas y a las prácticas de aplicación de la ley de inmigración, según la carta que el Proyecto de Rendición de Cuentas del Gobierno presentó en nombre de un empleado federal que no fue identificado.
Los acuerdos permanecerían en vigor por ocho años a menos que el DHS los impugne para el 17 de febrero, que es 30 días después de que Cuccinelli los firmó.
