Desde Héctor Escobar Salazar, Secretario de Educación de Tamaulipas hasta Mariana, la maestra de grupo, toda la estructura educativa dejo solo y a su suerte al menor de 5 años que fue violado en los sanitarios de la primaria Josefa Ortiz de Dominguez el pasado 12 de octubre.
Así lo afirma Ana Laura N., madre del niño abusado sexualmente y quien interpuso la queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos por encubrir el asalto sexual contra su hijo, cometido por un alumno de quinto grado en complicidad con otros, cuya identidad total se desconoce hasta la fecha porque los funcionarios lo protegen.
Fue la jefa de familia, quien denunció ante Jose Javier Saldaña Badillo, cuarto visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, al Secretario de Educación, Héctor Escobar Salazar, a la jefa de Servicios Regionales de la Educación, María Elena Flores Montalvo, y a la directora del plantel, Martha Elizabeth Quezada Jimenez quienes desde el 15 de octubre conocieron de la violación cometida en contra del menor que tiene 5 años. El acto fue perpetrado por 3 alumnos de quinto grado del plantel.
«Desde el primer momento yo se los dije a las dos, lo que le había pasado a mi hijo, y me dijeron que no podían hacer nada porque el responsable era otro menor y que yo no dijera nada porque iba a perjudicar a la escuela».
La madre de familia, quien es empleada domestica y vive junto a sus dos hijos, en La Capilla, uno de los barrios mas pobres de Matamoros, pidió el apoyo de Derechos Humanos, de la agrupación civil Principios de Vida e interpuso la denuncia ante la Procuraduría de Justicia de Tamaulipas para que se esclarezca el abuso a su hijo.
«Lo único que yo pido es justicia, porque me lastima ver como mi hijo no come, no duerme, esta todo asustado, mientras los violadores siguen en clase como si nada porque la directora y su profesor los están protegiendo, por eso los estoy denunciando a ellos también, ademas de que la maestra Quezada me dijo que le dejara de mover o iba a mandar gente para que me sacara de mi casa».
La carpeta de investigación 133/2017 consigna los hechos denunciados y revela la agresión al menor. Al hacerse publico el caso, madres de familia exigen la salida de los responsables y han dejado de mandar a sus hijos a la escuela ante el temor de que pueda ocurrirles algo.
