Jorge Pérez era uno de los cientos de trabajadores de limpieza contratado por outsourcing por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). A pesar de que el Hospital 20 de noviembre se destinó a pacientes de coronavirus, nunca se le brindó un Equipo de Protección Personal (EPP) y así, él a diario tuvo que limpiar oficinas, pasillos y baños.
Pasados algunos meses de la pandemia, el señor Jorge, de más de 60 años de edad, se atrevió a denunciar sus condiciones de trabajo a través de medios de comunicación; días después, la empresa lo despidió.
De acuerdo con su testimonio, las condiciones de trabajo para el personal de limpieza en los hospitales públicos son precarias y a diario están expuestos a contagiarse a pesar de que son en mayoría gente de la tercera edad y otros más con capacidades diferentes.
Ganaba 3 mil 800 pesos mensuales por una jornada de 8 horas al día limpiando el hospital y lo siguió haciendo sin mascarilla, bata y guantes.
Iniciaba a las 6 de la mañana y en teoría terminaba a las 14 horas, pero la empresa los obligaba a formarse una vez más para recibir más tareas. Esta fila la hacían en el área de ambulancias, donde incluso quedanan expuestos a los cuerpos de los fallecidos.
Cuando solicitó que se le cambiara de área por ser una persona mayor, la empresa le pidió 150 pesos por semana para no enviarlo a zona COVID.
El caso fue arropado por Amnistía Internacional. De acuerdo con su Directora para México, Tania Reneaum Panszi, el caso del señor Jorge muestra la injusticia y la invisibilidad de las personas que se encargan del mantenimiento de las estructuras que se usamos día a día, ya que gracias al personal de limpieza, el resto del hospital puede funcionar. Por esta razón, dijo, todo el grupo de trabajadores de la salud sean considerados prioritarios en la vacunación.
Aunque la empresa de outsourcing es privada, hay una clara responsabilidad por parte del Estado. Reneaum Panszi explicó que las autoridades deben adoptar medidas para brindar condiciones laborales dignas, ya que al subcontratar estos servicios con estas empresas, “se convierte en reproductor de desigualdades sociales […] Cuando los estados terciarizan servicios deben garantizar condiciones adecuadas para quien prevé los servicios porque se convierte en un obligado solidario de esas obligaciones”.
