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Es entendible que en el 2016, el gobierno de la entidad siga invirtiéndose en seguridad puesto que es necesario que se tenga el recurso humano, técnico y tecnológico para el combate a la inseguridad.

Porque a éstas aturas no puede detenerse un esfuerzo que se ha dado desde principios de sexenio.

A ello debe corresponder la aportación federal, en tanto se da la coordinación entre los órdenes de gobierno por que existe corresponsabilidad.

Y en general así es, pese a que desde el centro acaban de cercenar una cantidad millonaria destinada al rubro en mención.

Se trata de un tijeretazo que se dio al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública en los estados y el Distrito Federal a ejercer el próximo año.

Acorde a lo publicado en el Diario Oficial de la Federación, nuestra entidad ejercerá, en el 2016, 262 millones 081 mil 684 pesos, cuando en el 2015 dispuso de 294 millones, 865 mil 259 pesos.

Significa que le quitan al estado 32 millones, 783 mil 557 pesos, acorde a las variables, indicadores y fórmulas para la repartición que se manejan a nivel central.

En cuanto al criterio de combate a la delincuencia se toma en cuenta la incidencia de la tasa de delitos de alto impacto y la disminución de los mismos, sólo por citar uno de los aspectos considerados.

Así operan los programas y sus reglas que con frecuencia no hacen justicia a los esfuerzos que se realizan y las necesidades que se tienen en una entidad.

Y es que no hay lógica, si consideramos que la presente administración estatal ha llevado a cabo su aporte para responder a una de las exigencias sentidas de la población, como lo es vivir en paz y tranquilidad.

Son miles de millones de pesos los que se han invertido del erario estatal, parte de éstos soportados en créditos para frenar el fenómeno de la delincuencia, algo de lo que se desentendió la federación al menos en los tres sexenios anteriores.

En esencia deberían premiar al estado, en lugar de quitarle recursos que, suponemos, de destinarán aquellos estados hermanos en los que la inseguridad no para.

Grave sería que entre los criterios aplicables, que no se hacen explícitos, por supuesto, esté el político, en tanto que se busca controlar en parte a los grupos de proscritos e invertir en propaganda para subrayar que el gobierno de la república cumple con sus compromisos, pese a que sea sólo en parte.

En cuanto a Tamaulipas tenemos que, de manera cotidiana, se documentan logros con motivo de la implementación de la estrategia de seguridad, a través de comunicados oficiales, algunos de los cuales son de actualidad aunque otros tardan hasta dos días en liberarlos hacia los medios y, por tanto, la opinión pública.

Sus razones tendrán quienes manejan la comunicación social para hacerlo de ese modo pero no deja de notarse tal retraso en la aparición del correspondiente boletín, en casos específicos.

Por supuesto que se reconoce la labor de Grupo de Coordinación Tamaulipas y de los policías acreditables-Fuerza Tamaulipas-, en tanto que los resultados ahí están documentados.

Sin embargo, se faltaría a la verdad si no se aceptara que persiste la inseguridad y, por tanto, que los grupos de la delincuencia organizada continúan operando en determinados territorios.

A eso habría que sumarle los delito de fuero común que, según el clamor ciudadano y voces de agrupaciones sociales, se han incrementado.

De igual manera, los Centros de Ejecución de Sanciones son parte del proceso que se lleva a cabo para revertir inercias pero, al fin de cuentas, se trata de un pendiente más.

Pero volviendo a lo del presupuesto, vamos a ver que explicación dan los diputados federales tamaulipecos, ahora que no se les cae de la boca que cabildearon con determinación y eficiencia para que le fuera bien a Tamaulipas en cuanto a la asignación de recursos a ejercer el año entrante.

Es pertinente escuchar voces, por ejemplo la de los legisladores ALEJANDRO GUEVARA COBOS, BALTAZAR HINOJOSA OCHOA, EDGAR MELHEM SALINAS y MERCDES DEL CARMEN GUILLÉN VICENTE los que, dicho sea de paso, se asumen en calidad de aspirantes del tricolor a la jefatura del ejecutivo estatal.

De hecho GUEVARA COBOS hizo una serie de encuentros con representantes de la sociedad civil, lo que fue interpretado a manera de precampaña, para escuchar sus demandas, entre las que sobresalió el tema de la seguridad.

Cabe señalar que HINOJOSA OCHOA, dada su condición de presidente de la Comisión de Presupuesto en cámara baja, en reiteradas ocasiones ha ponderado lo que se logró y que se incluye en los egresos del 2016.

Desde luego que estamos ante un despropósito cuando le quitan una millonada en materia de seguridad a Tamaulipas, uno de los estados que ha sido dañado seriamente dañado por la delincuencia.

AL CIERRE

Que a principios de enero, el Partido Nueva Alianza (NA) emitirá la convocatoria para elegir a los candidatos que van a contender por cargos de elección popular en junio del 2016.

Lo anterior lo estableció el diputado y presidente del éste organismo, MARIANO LARA SALAZAR.

Propios y extraños saben que NA tiene su base y liderazgos en el magisterio y, por tanto, es desde la sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de le Educación (SNTE) donde se toman las decisiones.

En pocas palabras, en política el aspecto formal le corresponde a MARIANO, pero las determinaciones de peso las hace el guía del profesorado en la entidad, RAFAEL MÉNDEZ SALAS.

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