COMO SI NO faltaran motivos para polarizar al país, cerramos semana con el caso, conocido ya en todo el mundo, como la ejecución de Tlatlaya. El hecho, debió ocurrir la madrugada del 30 de junio, al Sur del Estado de México, en la comunidad San Pedro Limón, donde tiene bases el grupo delincuencial bautizado como «la familia michoacana.» Y escribo debió ocurrir porque faltan muchos datos por esclarecer.
Luego de dos meses en que el Gobierno Federal oficialmente informó que se había producido un enfrentamiento con civiles, y hubo bajas, la versión dio un giro inesperado. La tarde del jueves 25, se supo en medios electrónicos que un teniente y 24 soldados «presuntamente»participaron en la balacera. La mañana de ayer, de los 25, ocho fueron internados al Campo Militar Número Uno, acusados de indisciplina castrense, y están consignados al Juzgado Sexto Militar. NO HAY NOMBRES, ni graduaciones de los militares, ni el tipo de armas que portaban.
DIGRESIÓN necesaria: tuve que asociar imágenes con terribles relatos de «la guerra sucia» en Argentina, Chile, Guatemala, Honduras, El Salvador, Cuba. Cierro digresión para explicar que hay 17 soldados más esperando resolución jurídica. LA SEDENA emitió un boletín el jueves por la tarde, ahí se precisa que los detenidos participaron en los hechos. Con un matiz: «los cargos militares son independientes de las investigaciones que realizan las autoridades civiles.
LOS DIARIOS de USA y Europa, en ese estilo libérrimo y prejuicioso, escribieron ya que en Tlatlaya hubo matanza y ejecución, y preguntan ¿ cómo fue posible que muriesen 22 presuntos delincuentes, sin quedar uno vivo? ¿dónde quedaron los protocolos y la estrategia? Hace 8 DÍAS, las agencias AP y EFE entrevistaron a una testigo presencial y ella aseguró que los soldados habían capturado » a sus oponentes», y luego, tras interrogarles, los mataron a sangre fría, uno a uno.» En esta versión, sobrevivieron tres mujeres. LAS ASOCIACIONES de derechos humanos internacionales, que hace meses pidieron ante La Corte Penal de La Haya que investigue «los desmanes de la guerra contra el narco en el sexenio de FELIPE CALDERÓN, calificaron de masacre lo de Tlatlaya…El gobierno de USA también opinó: el Departamento de Estado advirtió que en el suceso citado, México necesita una investigación «fáctica y creíble» a cargo de autoridades civiles.» Subrayo: autoridades civiles.
LA MAÑANA DE AYER, el secretario de Defensa, SALVADOR CIENFUEGOS GAYTÁN,abordado por la prensa, fue claro: «Nuestro compromiso es y será, a pesar de los riesgos a los que se ven expuestos las tropas, proteger a la sociedad a la que nos debemos, respetando irrestrictamente los derechos fundamentales.» DE ACUERDO con el artículo 301 del Código de Justicia Militar, «comete delito de desobediencia el que no ejecuta o respeta una orden superior, la modifica o se extralimita al ejecutarla…» El artículo 382, señala: » se aplicará al que infrinja alguno de los deberes que le corresponden, según su comisión o empleo, o deje de cumplirlo sin causa justificada, siempre y cuando el resultado no sea constitutivo del delito, y se le castigará con un año de prisión…cuando la infracción ocurra debido a torpeza o descuido, la pena será de cuatro meses de prisión.»
POSDATA: Y apenas hace 15 días el ex presidente CALDERÓN, por fin, reconoció que en su mandato, las fuerzas castrenses, lamentablemente, cometieron serios errores que costaron vidas humanas. Esto, sin sumar el calvario de las viudas y huérfanos.
