¿Qué pasaría si en esta semana que inicia, derivado de los nuevos elementos aportados por el dictamen de la Comisión Internacional de Expertos Independientes, la PGR lograra dar con el paradero de los 42 estudiantes normalistas desaparecidos hace casi un año en Iguala, Guerrero?
¿Si resultara cierta la idea que sostienen algunos, en el sentido de que se encuentran en cautiverio en algún paraje de la Sierra guerrerense, bajo el resguardo de un puñado de sicarios, y de repente un chispazo de audacia policial lograra su rescate?
No quiero parecer aguafiestas, pero le aseguro que esto no resolvería absolutamente nada.
Porque en estos momentos, México está sumergido en una profunda crisis de credibilidad, que afecta distintas instancias de nuestra vida política y social.
Pareciera increíble, hace apenas 15 años, vivimos la alternancia presidencial. Antes del año 2000, muchos mexicanos creían que era literalmente imposible sacar al PRI de Los Pinos. Pero finalmente ocurrió.
La alternancia es una realidad en muchos espacios de nuestra geografía política desde hace casi un cuarto de siglo. La capital del país es gobernada por la izquierda desde hace 18 años.
Sin embargo, para muchos ciudadanos el encanto de la alternancia ya se rompió.
Porque para muchos, el cambio de partido no representó un cambio en la forma de gobernar.
Porque en los municipios y entidades que han sido gobernados por otras expresiones políticas, como el PAN, el PRD o el PVEM, los casos de nepotismo, corrupción, abuso del poder e ineficiencia gubernamental siguieron siendo parte de la agenda cotidiana.
Porque a pesar de los muchos experimentos, membretes y pretextos de nuestros gobernantes, la delincuencia sigue sentando sus reales en prácticamente todo el territorio nacional, con miles de pequeños y medianos empresarios convertidos en auténticos rehenes de secuestradores, extorsionadores y cobradores de «piso».
Y más aún: porque nuestro crecimiento en democracia no se ha visto reflejado en una mejor condición de vida para las mayorías.
Porque en las charlas de café, en las sobremesas, en las tertulias, las familias mexicanas siguen comentando que la economía no mejora, a pesar del triunfalismo de los indicadores oficiales.
En la actualidad, se ha superado la ancestral idea de que los poderosos pueden «robarse» las elecciones.
La ciudadanización de los órganos electorales ha brindado mayor certidumbre y credibilidad a los comicios locales y federales.
Claro, a un costo altísimo.
Es más, la crisis de credibilidad es tan grande, que a pesar de que a través de los estudios realizados en una universidad europea se demostró fehacientemente la muerte de uno de los normalistas desaparecidos en la noche negra de Iguala, para el imaginario colectivo se ha mantenido la misma idea: «Nos faltan 43».
Porque aún esclareciendo a cabalidad las causas y circunstancias de este lamentable hecho,ya existe un severo daño en la credibilidad de nuestro sistema político y de justicia.
El aspecto más peligroso de esta crisis de confianza es que trastoca los valores y alimenta los enconos, dando paso al resentimiento, al odio social.
Porque de esa dinámica surgen campañas tan absurdas como la de solicitar por internet firmas para quitar a una diputada o para enjuiciar a un presidente.
¿Entonces para qué queremos instituciones, para qué la división de poderes, para qué organizar elecciones?
¿Qué estamos buscando los mexicanos?
¿Justicia o venganza?
Vale la pena reflexionarlo.
DE BOTEPRONTO: Los malosos de las redes sociales se están comiendo viva a la alcaldesa de Matamoros, Leticia Salazar, por haber «doblado las manos» en la más reciente gira del gobernador Egidio Torre a dicha plaza, en la que incluso, accedió a subirse a la camioneta del mandatario, cosa que en corto había asegurado que nunca iba a hacer.
¿Y luego? ¿Le servirá de algo a la golpeada ciudad fronteriza este nuevo episodio de nuestra chismografía política?
Porque el cuento ese de que «a Matamoros le va a ir muy bien» … como que ya suena a disco rayando. ¿Usted qué opina?
Twitter: @miguelisidro
