UNIVISIÓN.- Era el sábado de madrugada, Claudia y su hijo César pasaban una noche más en el centro de detención de inmigrantes de Dilley, en San Antonio (Texas), cuando de pronto entraron en la pieza unos agentes. Le comunicaron que estaban libres.
Fuera llovía y hacía frío, pero al salir se encontraron con muchas otras familias a los que también habían sacado de estas instalaciones de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE). En total, fueron cerca de 600 los inmigrantes centroamericanos liberados desde el viernes en Dilley y Karnes City, los dos mayores centros de detención en la zona, con capacidad para unas 3,700 camas. La mayoría de ellos, procedentes de Guatemala, El Salvador y Honduras, llegaron a la frontera huyendo de la violencia y la pobreza y buscando asilo.
“No entendíamos nada, mucha gente venía llorando confundida, enfermos”, cuenta Claudia. “Yo estaba esperando mi respuesta a la entrevista para la petición de asilo (programada) para el lunes, pero desde antenoche empezaron a sacar gente y más gente”.
“Muchos no le pudieron avisar a los familiares”, asegura desde la Iglesia Metodista de San Antonio, donde se han refugiado junto con su hijo para esperar a reunirse con su esposo, como muchas de las personas liberadas estos días.
La liberación se dio después de que el viernes la jueza Karin Grump dictara en un juicio en Texas un veredicto final que cuestiona la capacidad del gobierno para obtener licencias de cuidado infantil en los centros de detención familiares de ICE. Este año, el estado había otorgado los permisos de operación a través de una nueva normativa, pero organizaciones de derechos civiles presentaron una demanda para impedirlo.
Las cárceles familiares de ICE procedieron a cambiar de centros de detención a centros de cuidado infantil luego que una corte de California ordenara el año pasado la liberación de todos los menores de edad en poder de esa oficina federal, y advirtiera que el gobierno estaba violando un acuerdo judicial de 1997 conocido como Flores versus Meese.
