La juez de control Rosalía Gómez Guerra acordó la liberación de la abogada Susana P., tras 23 días de encierro por su presunto participación en delitos cometidos Contra Servidores Públicos, Motín, Amenazas y Coacción de Particulares.
Para que la presunta responsable pueda enfrentar el proceso penal en libertad que tendrá una duración de 30 meses se le exigió la reparación del daño en contra de 5 afectados, que evite tener contacto con esos ofendidos, que radique en domicilio señalado en Chihuahua y se abstenga de viajar al extranjero. 
Tampoco podrá frecuentar la Junta de Conciliación y Arbitraje numero 6 de la ciudad de Matamoros.
Durante la audiencia el Representante Social realizó al Juez de Control un plan de reparación del daño y el cumplimiento de ciertas condiciones por parte de la imputada a fin de garantizar una efectiva tutela de los derechos de las víctimas, la reparación del daño y, así como, resolver el conflicto originado con motivo de la comisión de delitos, en estricto cumplimiento de lo señalado en el Código Nacional de Procedimientos Penales y aplicación del principio de debido proceso.
Por su parte, la defensa de la imputada de igual forma expuso su ofrecimiento a la autoridad judicial sobre el pago de la reparación de daño y condiciones a cumplir por parte de su representada. Por lo que una vez analizados los elementos, el Juez de Control emitió su resolución para dar solución alterna al proceso, imponiendo las siguientes condiciones:
– Residir en el domicilio señalado por la propia imputada en el Estado de Chihuahua.
– Abstenerse de tener contacto con los ofendidos y sus domicilios.
– Dejar de frecuentar la Junta Especial Nº 6 de la Local de Conciliación y Arbitraje en Matamoros.
– Acudir ante el Tribunal cuando se le solicité asistir a las audiencias de control, debiendo informar previamente su itinerario.
– Abstenerse de viajar al extranjero.
– Cubrir la reparación del daño, consistente en 66 mil pesos a favor de las cinco víctimas.
Cabe señalar que el cumplimiento de estas condiciones tendrá una duración de 30 meses, las cuales fueron aceptadas por la imputada y su defensa.
