Pecaríamos de inocentes si creemos que la búsqueda o detención de gobernadores y ex gobernadores es debido a la aplicación irrestricta de la ley y porque se hace efectivo el discurso oficial de combatir la corrupción y la impunidad.
Desde luego que no es así. Propios y extraños saben que cuando se trata de proteger a tal o cual personaje, desde las instituciones, el grupo en el poder lo defiende contra viento y marea.
Igual sucede si se busca dañar a un adversario. Basta con armarle un tinglado o desempolvarle determinados “pecadillos” que pudiera tener para empapelarlo y darle su “quien vive a nivel mediático”.
Desde luego que no puede soslayarse los intereses que se tejen en el vecino país del norte desde dónde, por cierto, han salido no pocas indagaciones y denuncias en contra de políticos mexicanos por delitos contra la salud, lavado de dinero, narcotráfico, entre otros.
En ese sentido, lo que se tape aquí puede detonar al otro lado de El Bravo y entonces si, se dan por enteradas las autoridades mexicanas.
Si dejamos lo exterior y nos enfocamos en lo interno nos encontramos que la Procuraduría General de la República (PGR), en ocasiones, puede convertirse en la instancia que “ajusta tuercas”, en base a la línea que marque el mandatario en turno.
Ocurre que desde ahí, en sexenios priistas y panistas, se han urdido tramas para llamar a cuentas a personajes incómodos y hasta adversarios.
De modo que no podríamos aventurarnos a subrayar que, ahora si, en el presente sexenio de corte tricolor, hay voluntad para hacer efectivo el Estado de Derecho, en éste caso a través de la procuración de la justicia.
Y aquí encajan casos como el de los ex mandatarios GUILLERMO PADRÉS ELÍAS (encarcelado) de Sonora y el veracruzano, JAVIER DUARTE OCHOA (prófugo), jefe del ejecutivo con licencia. Igual lo de CESAR DUARTE JAQUEZ de Chihuhua y ROBERTO BORGE ANGULO de Quintana Roo.
Con sus “asegunes”, lo mismo puede señalarse de RODRIGO MEDINA DE LA CRUZ, de Nuevo León, HUMBERTO MOREIRA VALDÉS, de Coahuila y los que se acumulen,
Pero el tema de moda es el de TOMÁS YARRINGTON RUVALCABA, ex jefe del ejecutivo estatal de Tamaulipas.
Sucede así debido a que éste miércoles se divulgo que desde la PGR se ofrece una recompensa de 15 millones de pesos a quien colabore en la localización y detención del matamorense.
Recordemos que al ex priista lo traen en la mira, desde hace años, las autoridades norteamericanas debido a supuestos delitos contra la salud y narcotráfico.
En mayo del 2012, en plena campaña electoral por la presidencia de la república se ventiló esta situación desde los Estados Unidos de Norteamérica, lo que llevó al Partido Revolucionario Institucional (PRI) a suspender los derechos políticos de YARRINGTON y a la postre fue expulsado del organismo.
De hecho en el paquete, al menos a nivel mediático, se mencionó que también tenían cuentas con la justicia los ex gobernadores MANUEL CAVAZOS LERMA y EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES.
El caso es que en algún momento esto quedó en el aire, al menos en nuestro país, en tanto que las indagatorias seguidas, principalmente a TOMÁS y a EUGENIO, no dieron mayores resultados.
Incluso cuando estaba de procurador JESÚS MURILLO KARAM, en el presente mandato federal, fue entrevistado en el programa Primero Noticias de Televisa, en septiembre del 2013 y ahí declaró que la PGR archivó las averiguaciones previas que llevó a cabo en contra de los ex mandatarios en tanto no se encontraron elementos para demostrar su vinculación con el narcotráfico y enriquecimiento ilícito.
Eso, acorde al entonces fiscal de la nación, significaba que no había pruebas para procesarlos. Además dijo que el expediente se archivo antes de que llegara él, es decir, en el sexenio del panista FELIPE CALDERÓN HINOJOSA.
Pero enseñando su colmillo largo y retorcido, MURILLO KARAM, apunto que no podía aventurarse a señalar que el caso estaba cerrado.
Lo cierto es que vuelve el asunto con mayor intensidad y YARRINGTON esta en la ola informativa y por ese rumbo se perfila EUGENIO HERNANDEZ.
Lo anterior no tanto debido a que la senadora albiceleste, SANDRA LUZ GARCÍA haya movido el pandero en la cámara alta, por medio de un punto de acuerdo para lo de la recompensa en relación a TOMÁS, aunque seguramente algo ayudó a lo que estaba por darse.
A propósito, ayer en el Congreso local salió a relucir el asunto que nos ocupa y en entrevista apresurada con reporteros, la diputada SUSANA HERNÁNDEZ FLORES sostuvo que su hermano cuenta con una carta de no acción penal desde el 2013.
Cabe señalar que en varias ocasiones el ex mandatario a realizado desmentidos, mediante entrevistas o textos repartidos a medios informativos por sus ex colaboradores.
Lo que sucede es evidentemente complejo y pueden haberse alineado diversos factores para desempolvar algo que, sin duda, viene de tiempo atrás.
Tal vez el punto central se encuentre en las elecciones del 2018, más que en la detención de algunos individuos que están “soltando la sopa” en los Estados Unidos.
A lo mejor lo que se busca es sanear un poco el enturbiado sistema para que tal o cual grupo, al momento de la competencia, no vaya a ser avasallado por sus rivales en la lucha por Los Pinos.
Sin duda algo se mueve y la esencia todavía no brota. Lo que no esta a discusión es que si alguien la hizo, debe pagarla.
AL CIERRE
Los que saben de política aseguran que es esto es de circunstancias.
¿Será algo así como primero decir no y luego decir si, dependiendo de la situación?
Ayer los diputados priistas de la Sexagésima Tercera Legislatura presentaron un punto de acuerdo para derogar la tenencia vehicular.
El punto es que en el pasado reciente, que eran mayoría, no lo hicieron.
