Durante la sesión pública de la Sala Superior del TEPJF de este martes, los magistrados se pronunciaron de manera unánime a favor del proyecto de su compañero Indalfer Infante, en el que también se priorizó la libertad de expresión de la influencer, sin embargo, consideraron que la sanción por aparecer en el video de campaña “Ponte Nuevo León” debe mantenerse.

“Se propone que las publicaciones hechas por Mariana Rodríguez no pueden calificarse como aportaciones en especie a la campaña de Samuel García (…) conforme al sistema de fiscalización vigente y tomando en cuenta los derechos involucrados como la libertad de expresión y y el libre desarrollo de la personalidad de quien hizo las publicaciones, así como los otros elementos contextuales del caso, por ejemplo, el vínculo matrimonial entre Mariana Rodríguez y el entonces candidato a gobernador; las publicaciones no pueden considerarse aportaciones fiscalizables”, refiere el proyecto.

Al dar lectura al documento, el magistrado Infante dijo que en este tipo de casos debe analizarse el contenido de sus publicaciones y no encuadrar sólo en lo comercial.

“El análisis de la conducta de tales personas no puede reducirse o encuadrarse solamente a una actividad o perfil, pues ello descontextualiza la conducta y desconocen la complejidad del fenómeno de conformación de identidades y personalidades digitales en su comportamiento e interrelación social. Así, cuando se analizan las conductas de los y los llamados influencers, personas famosas o simplemente expertos que participan activamente en redes sociales y generan una audiencia de seguidores, se debe distinguir entre aquellas acciones motivadas por afectos o vínculos de afectividad y aquellas otras motivadas por intereses políticos y económicos de índole distinta a la afectividad”, añadió.

En su oportunidad el magistrado presidente Felipe Fuentes, explicó que no se supera la presunción de espontaneidad que en el presente caso se desprende de la libertad de expresión y el vinculo jurídico entre ambas personas.

“La posición de esta sala es consistente: la libre expresión de ideas desde redes sociales no tiene consecuencias jurídicas, siempre y cuando se realicen desde el carácter personal del individuo y corresponda con un ejercicio autentico de apoyo a las distintas funciones políticas, Para ello, debe estar ausente cualquier connotación comercial de la imagen, porque, de lo contrario, dicha aportación sí deberá cuantificarse como lo prevé el reglamento de fiscalización”, comentó.

El INE había impuesto una multa por 55 millones 351 mil 821 pesos a Movimiento Ciudadano y poco más de 400 mil pesos a Samuel García, además de sumar 27 millones 860 mil pesos a los gastos de su campaña por la gubernatura de Nuevo León.

En ese sentido, el análisis del magistrado Infante refiere que de avalar la decisión del INE pudiera coartar “indebidamente el derecho a la libertad expresión y participación política de aquellas personas que estuvieran vinculadas por una relación matrimonial o familiar, bajo la idea de que sus publicaciones, constituirían una aportación que debería ser reportada en los informes de campaña”.

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