En la presente etapa, la prohibición para hacer proselitismo de parte de los candidatos, institutos políticos y militantes, tres días antes de la jornada electoral, es lo que se conoce como veda.
Incluye también no hacer difusión de planes programas y acciones de los tres órdenes de gobierno o cualquier ente público. Es decir, nada de informes, gestiones y demás de parte de los funcionarios.
Las restricciones alcanzan a los medios de comunicación-en sus diversas modalidades-, los cuales no deben divulgar resultados de encuestas y sondeos de opinión orientadas a conocer preferencias electorales de los ciudadanos.
De lo que se trata es que las empresas periodísticas no caigan en el plano de convertirse en plataformas de apoyo a determinados partidos y candidatos y, desde luego, guardar los equilibrios que se requieren en una competencia.
Pero es pertinente puntualizar que no es lo mismo realizar una labor de propaganda política electoral que un trabajo informativo basado en criterios periodísticos.
Sucede que en el primer caso se responde a un interés grupal y partidista, mientras que en el otro se alude al interés general, es decir público.
Otra distinción es que la propaganda maneja un discurso reiterativo, que no necesariamente se apega a la verdad, contrario al ejercicio periodístico que, en esencia, busca dar cuenta de la realidad.
De modo que los análisis y juicios, al igual que el manejo de datos y declaraciones, deben tener sustento para no caer en el resbaloso campo de la propaganda.
Hay que decir que la práctica periodística se encuentra amparada por la nuestra Constitución, en forma específica en lo referente a la libertad de pensar, escribir y expresarse. Son incluso logros que están más allá de ésta profesión y oficio.
Sin duda sería un grave error caer en la censura y autocensura que son males propios de una época de control y oscurantismo, por temor al árbitro electoral y desconocimiento de la legislación.
Ni modo que no se dé cobertura a los desfiguros o acciones contrarias a la ley de algún candidato, con el argumento que eso puede favorecer un determinado proyecto. Si hay algo que es noticia debe ser dado a conocer.
Las empresas periodísticas o las áreas informativas de los medios, al igual que las páginas de internet o redes sociales, no están para cuidar “la imagen de partidos y candidatos”.
Eso aplica, desde luego, a reporteros, analistas, editorialistas y ciudadanos comunes, los cuales, por ejemplo, no pueden ser indiferentes si un partido político despliega compradores de voto en territorio, mediante la entrega de efectivo o beneficios materiales.
El punto es que dichos eventos, si se dieran y registran, tendrán que ser ventilados hacia las audiencias, televidentes y lectores, en uso de legítimos derechos ya que están por encima de la llamada veda electoral. Se trata de noticia y material para la opinión y juicio.
Pero igual los candidatos y candidatas no deben permanecer en la burbuja, segregados, para que no los vayan a demandar sus contrincantes.
Ellos, igual que el ciudadano común, pueden seguir haciendo su vida cotidiana, junto a sus familias y amigos.
Luego entonces, no se vaya a sorprender si se encuentra en la calle, tienda de autoservicio, en el cine o en otros lugares de convivencia a prospectos a un cargo de elección popular.
