EL PAÍS.- La joven mexicana María Trinidad Mathus Tenorio, de 25 años, no será una de las 30.000 víctimas de homicidio que se estima se registrarán en su país este año, pero sí en Costa Rica, el país que escogió para llenarse de naturaleza, como escribió en su Facebook el 26 de julio. La joven fue asesinada diez días después en una playa del Pacífico costarricense en un aparente intento de robo y agresión sexual del que sí pudo escapar la joven inglesa que había conocido poco antes.
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Los detalles del crimen de Mathus —su cadáver desnudo; dos sospechosos, ambos con antecedentes, de los que uno está detenido— empezaban a divulgarse cuando ocurrió otro caso similar: el de Arantxa Gutiérrez López, una turista española que, presunta víctima de una agresión sexual, fue asfixiada en una playa de Tortuguero. Hubo más asesinatos ese fin de semana en Costa Rica, pero los de las dos mujeres activaron las alarmas en este país de gran vocación turística y creciente inseguridad.
La población, las autoridades, el sector turístico y los grupos feministas no ocultan su preocupación en uno de los países menos inseguros de Centroamérica, a pesar del incremento de la violencia reflejado en 12 asesinatos por cada 100.000 habitantes en 2017, la mitad de la tasa de México y el doble que la de Argentina
Cada año merma la seguridad. La tasa de homicidios actual casi duplica la del 2004. 2017 fue el año más sangriento en la historia costarricense y este 2018, hasta agosto, lo supera en un 5%, con un total 371 homicidios dolosos, según cifras del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Aunque Mathus y Gutiérrez son las únicas turistas asesinadas en este año, según el OIJ, ambos ataques repercuten en la imagen internacional de este país que mantiene su meta de recibir tres millones de visitantes en este 2018, un número equivalente al 60% de su población. El turismo aporta el 5% de la producción económica y genera empleos directos e indirectos que representan el 25% de la fuerza laboral. Es uno de los sectores más dinámicos en una economía tocada por la crisis fiscal interna, con la pobreza estancada en 20% de la población, el desempleo superior al 10% y un crecimiento de la desigualdad, que se convierte en uno de los factores de la inseguridad, según los expertos.
