ARISTEGUI.- En septiembre del año 2000, la Procuraduría General de la República cerró el caso del asesinato de Luis Donaldo Colosio, presentando un amplio informe, dividido en 4 tomos, que tenían como eje central lo ocurrido en Tijuana, el 23 de marzo de 1994.
Las investigaciones realizadas por la Subprocuraduría Especial de la Procuraduría General de la República exponen “el vasto cúmulo de pruebas, actuaciones ministeriales, investigaciones policiales, peritajes y documentos que obran en el expediente y en los archivos del caso”.
El encargado de elaborar los expedientes públicos fue el entonces titular de la Subprocuraduría Especial de la PGR, quien es hoy presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez.
El primer tomo, El crimen y sus circunstancias, rememora en sus más de 600 páginas los hechos ocurridos el 23 de marzo de 1994, en un mitin en la colonia Lomas Taurinas de Tijuana.
Mario Aburto Martínez resultó señalado como el responsable único del asesinato que conmocionó a México:
Sobre los hechos del 23 de marzo, el informe señala que “se practicó un examen criminalístico de las ropas que portó el licenciado Colosio el día de los hechos, se estableció que con base en las características del orificio de entrada en la ropa y considerando la presencia de tatuaje de pólvora tanto en la chamarra como en la lesión, era factible determinar que el disparo al abdomen fue realizado a “quemarropa” y que la boca del cañón del arma se encontraba a una distancia no mayor de 5 centímetros“.
“Con argumentos técnicos y científicos, se demostró que Mario Aburto Martínez fue el autor de los dos disparos que recibió Luis Donaldo Colosio Murrieta“, sostiene el documento.
El informe reveló, en el apartado sobre “Evidencias que pudieron haberse alterado o destruido e insuficiencias y omisiones”, que “se omitió examinar pericialmente e interrogar de inmediato a los testigos presenciales de los hechos que se encontraban próximos al candidato, tales como los miembros de seguridad, a quienes se les debió revisar sus armas”.
“Con estas insuficiencias se generaron carencias que después ya no se pudieron subsanar. Si se hubiera declarado de inmediato a las personas que rodeaban al candidato, probablemente de sus dichos se hubieran desprendido elementos sólidos para el más pronto esclarecimiento de los hechos, y de haberlos sometido a examen pericial se habría podido despejar con oportunidad la sospecha de que estas personas tuvieran algún tipo de participación material en el atentado; con esta omisión, además se perdió la oportunidad de obtener testimonios inmediatos con alta probabilidad de espontaneidad y veracidad”, estableció.
