Sigue pendiente la asistencia de JOSÉ MARTÍN GARCÍA MARTÍNEZ, presidente de la Comisión de los Derechos Humanos en Tamaulipas al Congreso tamaulipeco, pese al requerimiento reiterado de parte del diputado, ARSENIO ORTEGA LOZANO, presidente de la comisión respectiva.
La razón de la negativa del pleno del poder legislativo para llamar a cuentas al funcionario estatal, a juicio del representante popular del Partido del Trabajo, es que tratan de protegerlo.
Pero en todo caso, ¿de qué está cuidando la fracción mayoritaria del Congreso, al llamado defensor del pueblo?
Lo que se comenta en los pasillos y mentideros políticos es que la actual legislatura ha diferido la asistencia del titular de derechos humanos en la entidad porque las dependencias que aparecen con mayores recomendaciones de parte del organismo, no han dado respuesta a las mismas o al menos no en la dimensión que se demanda.
En concreto, se trata de la Procuraduría Estatal de Justicia y las secretaría de Seguridad Pública y Educación.
Significa que si acude GARCÍA MARTÍNEZ con los diputados, tendrá que dar cuenta de la indolencia y eso salpica a los titulares de los entes públicos que fueron objeto de recomendaciones.
Ello podría motivar a que los legisladores de oposición “pusieran el dedo” a los incumplidos y, sin duda, no abonaría a la imagen de los personajes que dirigen las dependencias.
Por su lado, el presidente de Derechos Humanos acepta que hay una petición para que asista al Congreso pero todavía no se ha concretado.
Entre las razones de la no asistencia del defensor del pueblo está el que no cuentan con información sistematizada sobre lo que solicitan los diputados.
El ombudsman ha expresado que “hay algunos aspectos que son de análisis y se están analizando y se está generando la información en los términos que solicita. La Comisión no tiene un sistema o un programa que sistematice la información. Se tiene que trabajar (lo solicitado) y esto lo vamos atender”.
Confiamos en que pasados los comicios ya tenga el material que le solicitaron al servidor público y los de a conocer.
RULETA
Desde la universidad de Seguridad y Justicia en Tamaulipas, se hacen esfuerzos de divulgación para atraer a sus aulas a jóvenes con deseos de cursar una carrera a nivel licenciatura o técnica.
Los interesados tienen la alternativa de estudiar Ciencias Policiales o Técnico Superior en Operación Policial.
Se sabe que cada vez hay más interés en ingresar a la institución educativa, como lo demuestra el hecho de que, en la actualidad, hay 211 personas preinscritas para iniciar clases el próximo mes de septiembre.
En ésta universidad se permite cursar estudios a civiles y a individuos que tengan la formación policiaca o deseen hacerlo.
Por cierto, se tiene en programa abrir las licenciaturas en Seguridad Pública y Ciencias Forenses, en enero del 2016, con lo que aumentará las oportunidades educativas.
El costo de inscripción es de mil 500 pesos y otro tanto en cuanto al pago del cuatrimestre, acorde a la modalidad curricular que se sigue.
Y son merecedores de becas las féminas o varones que buscan entrar a la corporación de seguridad.
Aunado a la actividad académica que se lleva a cabo en forma sistemática, se realizan cursos y diplomados de capacitación en favor de los elementos que laboran en la secretaría, en calidad de efectivos.
Cabe señalar que en la actualidad se cuenta con dos mil 800 policías acreditables y al término del sexenio, se espera llegar a la cifra de seis mil elementos.
Un rasgo importante en lo que respecta al reclutamiento, es que el 70 por ciento de los prospectos-en este año se espera a mil elementos-, son de origen tamaulipeco y cuatro de cada 10 son mujeres.
Al frente de la universidad se encuentra LEONARDO AYALA TORRES, mismo que se incorporó el año pasado para darle vida a dicho ente, a las órdenes del general, ARTURO GUTIÉRREZ GARCÍA.
AL CIERRE
De acuerdo al Instituto Nacional Electoral, entre las entidades que entrañan riesgos para los comicios que están en proceso, se encuentran Michoacán, Guerrero, Jalisco y Tamaulipas, debido a conflictos sociales y por la presencia de bandas delictivas.
Pese a tal consideración, según las autoridades del INE, no se percibe intentos de sabotaje o interferencia de grupos criminales.
+.-En esencia las personas no son contrarias a la ley y tampoco de las autoridades. Lo que no debe tolerarse son las arbitrariedades e injusticias.
Decimos esto porque el ciudadano común ve con buenos ojos el que se realicen operativos por parte de las corporaciones policiacas, entre
otros el “Mercurio”, mediante el que se revisa la documentación de quienes conducen un vehículo particular o del transporte público.
Al fin y al cabo de lo que se trata de ubicar si hay vehículos robados o sin documentos, susceptibles de que en éstos puedan cometerse ilícitos.
Eso se entiende, pero no así los malos tratos y abusos de parte de la autoridad para los ciudadanos de bien.
