Los casos incluyen acusaciones de que los dirigentes de los centros estaban enterados sobre el abuso y no lo reportaron a las autoridades, entre otros ejemplos de clubes locales que no respetaron los protocolos nacionales y que, en algunos casos, las revisiones de los antecedentes aparentemente no impidieron que adultos con condenas por hechos violentos trabajaran con niños.
Pero aseveró que el número de casos de abuso sexual que llevaron a arrestos se han mantenido probablemente en menos de 10 anualmente desde 2014.
«Un solo incidente es demasiado. Nuestra meta es llegar a cero», indicó Miller a Hearst Connecticut.
Boys & Girls Clubs of America, con un presupuesto anual de 100 millones de dólares, cuenta con un estatuto establecido por el Congreso para trabajar con jóvenes en situación de riesgo en comunidades de todo el país.
Los abogados que representan a las víctimas señalan que dado que la organización presta atención a menores, debería proporcionar más información al público con respecto a los agresores.
«La organización nacional tiene la obligación moral de revelar los nombres de los perpetradores dentro de sus filas y el delito cometido, a fin de que las víctimas puedan tratar de sanar», dijo el abogado Mitchell Garabedian, que ha representado a algunos de los denunciantes. «Dice mucho el hecho de que no lo hagan».
