El gobierno de Claudia Sheinbaum exhibió este jueves una presunta red empresarial vinculada con los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas, cuyos antecedentes tienen por lo menos 27 años, iniciaron en la década de los ochenta y que, entre 2015 y 2025, obtuvo contratos electorales por 2 mil 740 millones de pesos, con empresas fachada para simular competencia.
La investigación presentada por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno identifica seis empresas relacionadas con los hermanos Hernández Casillas, que durante al menos una década recibieron contratos de los organismos públicos locales electorales (OPLE) para suministrar materiales utilizados en las elecciones. La aclaración se presenta en medio de la crisis por presuntas irregularidades en las contrataciones del Instituto Nacional Electoral (INE), que provocó la renuncia de Guadalupe Taddei Zavala a la presidencia del organismo.
De acuerdo con la documentación gubernamental, entre 2015 y 2023, durante el periodo que comprende la presidencia de Lorenzo Córdova en el INE y los primeros meses de la administración de Taddei, 23 de los 32 organismos electorales estatales adjudicaron contratos por 2 mil 94 millones de pesos a las compañías señaladas.
La red empresarial mantuvo sus operaciones durante los años siguientes. Entre 2024 y 2025, otras adjudicaciones realizadas por 15 organismos electorales estatales alcanzaron los 646.3 millones de pesos, según la información obtenida de la Plataforma Nacional de Transparencia y del sistema histórico CompraNet.
La presentación del gobierno federal ocurre un día después de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) anunciara una investigación de oficio para revisar 25 años de adquisiciones del INE, su antecesor, el Instituto Federal Electoral (IFE), y los organismos electorales de las entidades federativas, con el propósito de identificar posibles irregularidades, concentración de proveedores y responsabilidades en el manejo de recursos públicos.
A diferencia del anuncio de la ASF, que no identificó a empresas ni funcionarios involucrados, el documento presentado este jueves reconstruye el origen de la presunta red, identifica a sus integrantes y describe un mecanismo mediante el cual distintas compañías relacionadas entre sí habrían participado en las mismas licitaciones para simular competencia y obtener contratos públicos.
La investigación gubernamental sitúa los antecedentes de los hermanos Hernández Casillas en la década de los ochenta, cuando ambos trabajaban en el Registro Nacional de Población e Identificación Personal de la Secretaría de Gobernación, una dependencia que entonces tenía bajo su control la organización de las elecciones federales.
Entre 1983 y 1988, José Alfredo Hernández Casillas se desempeñó como secretario particular de Juan Carlos Padilla Aguilar, director general del Registro Nacional de Población y figura vinculada con el priismo del Estado de México.
Su hermano Raymundo Francisco Hernández Casillas trabajaba en el área de Recursos Financieros y Materiales de la misma dependencia desde 1987.
