LA JORNADA.- El gobierno de El Salvador respondió con diversas medidas de contingencia al boicot de las pandillas al transporte público, que este martes mantenía semiparalizado al país por segundo día y se saldaba con seis víctimas mortales.
Las autoridades pusieron a circular camiones del ejército y de otras instituciones públicas para trasladar a miles de salvadoreños que buscaban medios para trasladarse a sus trabajos y centros de estudio.
Paralelamente, el presidente Salvador Sánchez Cerén ordenó el traslado a prisiones de máxima seguridad de varios jefes pandilleros a quienes reponsabiliza del chantaje contra las empresas de transporte público.
«Hemos tomado una serie de medidas, este día hemos trasladado dos cabecillas del penal de Gotera (162 km al noreste de San Salvador) al penal de máxima seguridad (en Zacatecoluca, 60 km al sureste), porque son los que han estado organizando toda esta agresión», señaló el mandatario.
Los dos cabecillas fueron identificados como Carlos Eduardo Burgos Nuila y José Carlos Hernández Mauricio, de la pandilla Barrio 18, una de las dos más violentas estructuras criminales del país.
El mandatario añadió que otros 36 pandilleros con nivel de mando dentro de esa misma agrupación son trasladados este martes del penal de Gotera a la cárcel de Izalco, 66 km al oeste de San Salvador, por estar relacionados con el paro parcial de autobuses.
«Las pandillas son más percepción que fuerza real. Se mantienen sembrando el miedo con rumores y atacando a la población indefensa para generar terror», estimó el analista y profesor universitario Roberto Cañas.
El lunes fueron asesinados cinco choferes de autobuses por desacatar la orden de paro, mientras que otro fue muerto a tiros el domingo, por lo que la mayoría de las empresas de transporte se han abstenido de sacar sus unidades.
