PROCESO.- Mediante “una acción institucional en su conjunto”, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) protege al sacerdote pederasta Carlos López Valdés; por ese motivo, se niega a trabajar la denuncia penal interpuesta por Jesús Romero Colín, una de las víctimas del clérigo, afirmó hoy la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD).
En conferencia de prensa, los abogados de la ANAD recalcaron que la procuraduría capitalina se niega a trabajar el caso, principalmente porque en él están implicados –como presuntos encubridores del pederasta– el cardenal Norberto Rivera Carrera, arzobispo primado de México, así como los obispos Jonás Guerrero y Marcelino Hernández, quienes eran obispos auxiliares en la arquidiócesis de México cuando se dieron los abusos sexuales de López Valdés, a quien la Iglesia ya inhabilitó como sacerdote.
Los abogados de la ANAD, Luis Ángel Salas, David Peña y Karla Michel Salas, coincidieron en señalar que las “omisiones” y las “dilaciones dolosas” que durante ocho años ha estado haciendo la Procuraduría con respecto a este caso, responden a una “acción institucional en su conjunto”, cuyo propósito es proteger tanto al sacerdote como a los altos jerarcas de la Iglesia que, al parecer, lo encubrieron.
