Después de un periodo de ausencia, regresamos a este espacio dedicado esencialmente a temas políticos.

Hace algunos días expliqué en redes sociales que uno de los motivos para poner ésta columna en receso, es debido a la escasez de temas relevantes en la agenda. Pero no es porque no haya cosas que comentar. Al contrario.

Se debe, sustancialmente a que el diálogo político entre el actual régimen y sus opositores se encuentra estancado, en un alud de demostraciones sin mayor posibilidad de mediación. Y sobre todo, porque la mediocridad ahoga a ambos extremos del ambiente político mexicano.

Sin embargo, existe un tema que merece una reflexión en primera instancia: la creación del Instituto de Salud para el Bienestar.

Pero vayamos por partes. Primero, hay que reconocer que a pesar de los notables esfuerzos de médicos, especialistas, enfermeras y enfermeros, personal operativo y de apoyo, el sistema de Salud en México está a años luz de cubrir los estándares internacionales en materia de calidad, cobertura y calidez.

Y no es porque no haya recursos humanos e infraestructura de primer nivel; de hecho lo hay.

Sin embargo, como consecuencia del desigual crecimiento del aparato burocrático en México, nuestro sistema de salud es un intrincado laberinto que durante décadas ha dificultado la aspiración de lograr la instauración de un sistema de salud con acceso universal a todos los sectores de la población.

Las dos principales instituciones públicas del sector, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Servicios y Seguridad Social para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), hacen esfuerzos titánicos para dar cobertura y atención a sus respectivos derechohabientes; a la población formalmente inscrita en la base laboral -el primero-, y a la burocracia federal -el segundo-.

Una tercera instancia la conforman los servicios de salud operados por los gobiernos de los estados a través de sus respectivas secretarias del ramo e instituciones asistenciales.

También operan en México una importante cantidad de institutos desconcéntranos de la administración federal, que brindan servicios especializados en distintas ramas; muchos de ellos con reconocimiento internacional en cuanto a la calidad de sus servicios.

El esquema de asignación y reparto del dinero público en materia de salud es sumamente complejo. El Gobierno Federal aparece como el gran proveedor de todas las instituciones del ramo, ya sea a través de asignaciones directas o bien de la mezcla de recursos con el sector privado, como ocurre con el caso del IMSS, cuya operación también es posible gracias a las aportaciones de trabajadores y patrones.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), para que un sistema de salud pública sea sustentable, los gobiernos deben destinar por lo menos el 7% de su Producto Interno Bruto como inversión directa. Obviamente el gasto no sólo implica la construcción y mantenimiento de clínicas y hospitales; está el delicado ramo de la compra y distribución de los medicamentos, recursos humanos y gasto administrativo.

Hasta 2018, el gasto público en Salud en México alcanzaba apenas el 3.4% del PIB, y la promesa del actual gobierno es incrementarlo en un punto más, pero optimizando recursos. Es decir, se ofrece un mejor manejo del presupuesto, pero aún estaríamos lejos de los parámetros requeridos para garantizar acceso universal a la población, sostenimiento y posibilidades de crecimiento al sector.

Con la creación del INSABI, se pretende mejorar y hacer más equitativo el acceso a los servicios de salud a un universo de más de 50 millones de mexicanos que eran atendidos por el ahora desaparecido Seguro Popular. Una tarea titánica, sobre todo si consideramos que México es uno de los países con el gasto operativo más alto del ramo de acuerdo con los datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Hasta el año que recién terminó, casi el 10% del gasto en salud se destina al manejo administrativo y burocracia.

Sin duda alguna, la salud, la educación y el acceso a los satisfactores básicos constituyen la base de toda política pública en materia de bienestar. Por ello, la creación del INSABI representa uno de los proyectos más ambiciosos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

La meta planteada por el actual gobierno es, según sus propias palabras “brindar servicios de salud gratuitos y de calidad a todas las personas que se encuentren en el país y no cuenten con seguridad social; bajo criterios de universalidad, igualdad e inclusión”.

El propósito es de vital relevancia e implica también un arduo trabajo de conciliación de intereses, donde el gobierno debe sumar fuerzas y recursos con los gobiernos de los estados y de paso, revitalizar a todas las instituciones del ramo, aquejadas por años de corrupción y burocratismo.

Sin embargo, en su fase de arranque, el INSABI, que es una maravillosa idea, no está siendo debidamente comunicada por el gobierno federal. Como que había demasiada prisa por echarlo a andar y ponerle nombre.

Primero el qué y después el cómo. Y en este escenario de ruido, es donde se está entrampando lo que podría ser el paso más importante de la 4T en materia de política social durante este 2020. A decir del propio titular del INSABI, Juan Antonio Ferrer, el gobierno federal ya veía venir que “habría resistencias” a ésta reestructuración del sistema general de salud; y en su propia conferencia “mañanera”, el Presidente López Obrador ya se atrevió a hablar de un “boicot” al nuevo instituto por parte de farmacéuticas y otras partes afectadas por la centralización de decisiones y recursos que implicará el nuevo mecanismo.

Existe tiempo suficiente para que el gobierno federal concilie los intereses necesarios para dar viabilidad al INSABI y lograr su plena operación en el presente año, sobre todo porque la calidad y calidez en los servicios no es algo que mejorará por mero decreto o voluntad presidencial.

Mucho se ha comparado el sistema de salud de nuestro país con los que operan en otras naciones; que si el sistema cubano, que sí el de los países europeos… ése es un debate estéril; nuestras condiciones en materia de población, geografía y distribución del ingreso sin radicalmente diferentes a los de cualquier otro país del orbe; éso es lo que hace más grande y preocupante el reto.

La modernización de los servicios de salud pública merece el concurso de todos los niveles de gobierno y salir del escenario retórico de las conferencias “mañaneras” y la verborrea presidencial, pero le corresponde ahora al gobierno federal demostrar que realmente sabe lo que está buscando y sobreponerse a las críticas por el bien de las mayorías.

Es, sin duda, un tema vital que no admite más trivialidades. Veremos y comentaremos. Twitter: @miguelisidro