Hace unos días, a través de la red social Facebook establecí mi postura personal acerca del entonces incipiente conflicto entre la empresa MVS Comunicaciones y la periodista Carmen Aristegui Flores.
La manifesté en los siguientes términos: «Sé que no suena políticamente correcto, pero creo que la postura de MVS sobre los colaboradores de Aristegui en el caso México Leaks es correcta. Como periodista no debes perder de vista las responsabilidades editoriales de tu empresa, su marca y su imagen. Si Carmen quiere jugarle al «agente Snowden», que lo haga con sus recursos…
Tiene todo para lanzarse por la vía independiente…
Ella siempre acapara los méritos para sí misma, al tiempo que quiere que los riesgos sean compartidos… Al menos así lo aprecio yo».
No pretendo dar marcha atrás a mis afirmaciones. Sigo considerando que la empresa hizo lo correcto al reservarse el derecho a que su nombre, imagen y marca estuvieran siendo utilizados en una actividad ajena a sus intereses. En lo personal desconozco las políticas internas de MVS Comunicaciones, pero asumo que no deben ser radicalmente distintas a las de otras empresas periodísticas en las que he prestado mis servicios desde hace 25 años.
Sin embargo, es interesante señalar que ambas partes -la empresa y los periodista involucrados- optaron por una vía radical para subsanar sus diferencias: llevarlas a la escena pública.
Es de llamar la atención que la empresa comandada por Javier Vargas haya optado por publicar grandes desplegados en la prensa escrita para deslindarse de su participación en México Leaks.
¿Acaso utilizó el mismo mecanismo para reconocer públicamente la labor del equipo de investigaciones especiales de Aristegui en casos como el de la tristemente célebre Casa Blanca de Angélica Rivera?
En el diario devenir de su relación, periodistas y empresarios de los medios se ven inmersos en la toma de decisiones en tres ámbitos sumamente delicados: el periodístico, el político y el empresarial.
En el primero de los ámbitos, prevalece la búsqueda de contenidos atractivos para el público, que brinden prestigio y credibilidad al medio. La diaria lucha por las primicias ha llevado a muchos medios a invertir importantes recursos económicos y humanos para alcanzar notoriedad y prestigio. Para esto, la conformación de equipos especializados, como el encabezado por el periodista Daniel Lizárraga Méndez al servicio del espacio informativo de Aristegui es un elemento esencial.
En el terreno político, empresarios y periodistas deben evaluar el impacto de sus informaciones. Todo golpe periodístico tiene víctimas y victimarios; actores políticos a los que perjudicará o beneficiará la revelación de datos escabrosos, denuncias o expedientes delicados. En este terreno, si bien es digno y meritorio reconocer los aciertos de un equipo tan experimentado como el de Carmen, hay que señalar que este tipo de maniobras implica riesgos.
Por ejemplo, en muchos espacios se han presentado evidencias para demostrar que las revelaciones periodísticas de Aristegui sobre una presunta «red de prostitución» al interior del Comité Directivo del PRI en el DF tenía pocos elementos de valor periodístico y jurídico y sí demasiados tintes de una campaña de linchamiento político y moral en contra de su ex dirigente Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, también conocido como «El Príncipe de la Basura».
Lo real es que a casi un año de haberse revelado el caso, en el que si bien se destapó el lascivo comportamiento del dirigente priista, lo cierto es que también quedó en evidencia el uso de procedimientos poco ortodoxos para documentar un reportaje, del que efectivamente han derivado testimonios para satisfacer el morbo público, pero también hay que señalar que en términos efectivos no ha surgido un expediente judicial lo suficientemente sólido para propiciar acción legal contra los presuntos responsables de esas conductas, cosa difícil de creer en un territorio dominado por la centro izquierda, que con gusto habría llevado al cadalso público a un personaje tan controvertido como el ex dirigente del PRI-DF.
Porque una cosa es publicar que un político tiene una conducta moralmente reprobable (como todo apunta a señalarlo en el caso PRI-DF) y otra cosa muy distinta es demostrarlo, y más aún, lograr que esto tenga consecuencias legales.
Lo que Aristegui hizo con Cuauhtémoc Gutiérrez, muchos de sus defensores lo calificarían de «linchamiento mediático» si el acusado fuera militante del PRD o de MORENA, y si la «investigación» -plagada de testimonios anónimos y pruebas a medias- hubiese sido publicada por un medio como Televisa, Radiofórmula o el diario Reforma… O cualquier otro espacio que no se encuentre dentro de la lista de los «cinco únicos medios libres de México» que recientemente dio a conocer Andrés Manuel López Obrador.
Imagínese usted, cómo andarán las cosas como para que don Andrés Manuel incluya en esta lista el espacio informativo de Jacobo Zabludovsky, comunicador al que durante décadas la izquierda trasnochada identificó con las peores prácticas de la censura y distorsión informativa… ¿Cómo la ve?
Finalmente hablemos del ámbito de las decisiones empresariales. Los medios de comunicación operados por el sector privado son antes que nada empresas, y como tales, están concebidas para generar ganancias. MVS Comunicaciones se benefició del trabajo de Carmen Aristegui obteniendo altos niveles de audiencia, situación que seguramente logró capitalizar a través de la comercialización publicitaria de sus espacios, tanto para anunciantes particulares como para el aparato gubernamental, que para nadie es un secreto, es uno de los clientes más importantes para cualquier medio impreso, radiofónico, televisivo o cibernético que opere como empresa legalmente establecida.
Al mismo tiempo, como es lógico y legal, Aristegui se valió de la infraestructura y fuerza de MVS Comunicaciones para tener presencia diaria en la oferta informativa nacional. Se trata de una relación de mutua conveniencia.
El gobierno federal, los gobernadores, los alcaldes y distintas entidades gubernamentales invierten millonarias sumas del dinero público para publicitar sus obras o acciones, sin importar si son reales o aparentes. ¿La venta de publicidad oficial debería estar peleada con la objetividad periodística? En estricto sentido no, pero la realidad es que los presupuestos de difusión son utilizados por los gobernantes para castigar o premiar a los medios según sus intereses y conveniencias. Ese es un sistema que ha prevalecido en México por décadas, y por supuesto que no se circunscribe exclusivamente a la incómoda relación entre Carmen Aristegui y la presente administración federal.
No se puede pegar con la izquierda y cobrar con la derecha. Los periodistas independientes deben actuar con congruencia y generar proyectos que sean sustentables en el terreno periodístico, pero también en el comercial. Es un equilibrio difícil, sobre todo en las condiciones económicas que actualmente prevalecen en nuestro país.
Reitero, a estas alturas y bajo el actual escenario de la oferta informativa, Carmen Aristegui puede lograr mucho más por la vía independiente; principalmente si le apuesta al terreno de los medios cibernéticos, donde sus contenidos son ampliamente aceptados y difundidos. La historia no miente: cuando el gobierno de Luis Echeverría pretendió coartar la labor periodística de Julio Scherer al darle un «golpe de Estado» al diario Excélsior, en realidad se sentaron las bases para el nacimiento de una nueva forma de hacer periodismo en México, con un mayor sentido crítico, y como en todo parto, esa dolorosa experiencia no fue en vano, pues a raíz de ella surgieron medios de gran calidad y prestigio como la revista Proceso y los diarios Unomásuno y La Jornada.
Lo cierto es que el episodio de victimización de Carmen Aristegui y su equipo surge en un momento poco pertinente para reponer la lastimada credibilidad del actual régimen. Sobre todo porque acaban de asignarse nuevas concesiones para televisión abierta, y porque hace apenas unos días se dio a conocer la designación de Eduardo Sánchez como nuevo director de Comunicación Social de la Presidencia de la República.
Por cierto, el nuevo vocero del Presidente Peña Nieto era hasta hace poco, asesor jurídico de MVS Comunicaciones. ¿Coincidencias?
Esperemos que Aristegui pueda seguir contando con un espacio que le permita ejercer su forma de hacer periodismo, y que no resulte que detrás de esta maniobra existió el interés de alguna fuerza gubernamental para pretender «marcar territorio».
En pleno año electoral, y en la era de las redes sociales, no debiera haber espacio para construir historias de conspiraciones y crear mártires para uso propagandístico. Ese sería el peor de los caminos para México.
¿Usted qué opina?
DE BOTEPRONTO: La detención de 13 policías federales por su presunta participación en el intento de secuestro y extorsión de un empresario en Matamoros es apenas una de las tantas historias que ponen en evidencia que la distancia política entre Tamaulipas y Guerrero es mucho menor a los poco más de mil 400 kilómetros que los separan geográficamente. En la sureña entidad ya se habla de la posibilidad de cancelar las elecciones, mientras que en la entidad fronteriza se sigue acumulando un negro historial, que incluye guerra entre grupos rivales, la ejecución de un candidato a gobernador y la historia reciente -real o fabricada- de un atentado fallido en contra de la alcaldesa panista Norma Leticia Salazar. ¿Acaso en Tamaulipas están dadas las condiciones para la elección federal? Es pregunta.
