Se destapo la cloaca de abusos policiales en Tamaulipas y donde agentes estatales tienen permiso hasta para fusilar personas como ocurrio en la colonia Valles de Anáhuac de Nuevo Laredo.

Fue el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL) el organismo que denunció la ejecución extrajudicial de ocho personas por parte de agentes del grupo de elite creado por el Gobernador Francisco Garcia Cabeza de Vaca: el Centro de Análisis, Información y Estudios de Tamaulipas (CAIET) así como agentes de la Policía Estatal, en complicidad con miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

En una carta, la organización no gubernamental desmintió la versión oficial del gobierno de Francisco Javier Cabeza de Vaca, que en un comunicado del Grupo de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz, informó que la mañana del jueves 5, policías estatales y militares que circulaban por la colonia Valles de Anáhuac, fueron atacados por hombres armados que portaban uniformes similares a los usados por los miembros de la Secretaría de Marina, pero con logotipos del Cártel del Noreste (CDN).

Según la comunicación oficial, los presuntos delincuentes atacaron al convoy integrado por policías estatales y militares, resultando ocho personas muertas, entre ellos tres mujeres, algunos de ellos caídos al interior del domicilio ubicado en el número 902 de la calle 7 de dicha colonia.

A cinco días de los acontecimientos, el CDHNL divulgó información obtenida de familiares de las víctimas y vecinos del lugar donde supuestamente ocurrió el enfrentamiento, que apunta a que “se trató de una ejecución arbitraria o extrajudicial al estilo del caso Tlatlaya”, y que las imágenes de los fallecidos con vestimenta tipo militar y armas de grueso calibre corresponde a “un verdadero montaje”.

 

El CDHNL informó que, de acuerdo a sus investigaciones y los testimonios recabados, en el domicilio en el que supuestamente murieron presuntos delincuentes, vivía Severiano Treviño Hernández, con su hija de nombre Kassandra y su nieta de dos años.

Dicho domicilio habría sido allanado por policías estatales, quienes torturaron a Severiano y más tarde llevarían a otras siete personas. Todas ellas habrían sido ejecutadas por los agentes estatales, mientras la operación era resguardada por efectivos militares.

De acuerdo con el testimonio de Kassandra, quien fue sacada del domicilio con su hija, su padre fue obligado a vestir ropas militares. 

Asimismo, por referencias de vecinos y videos de seguridad de domicilios aledaños, la organización advirtió que el vehículo en el que supuestamente viajaban las personas que fueron abatidas, fue arrastrado hasta el lugar por una grúa de la oficina de Tránsito municipal.

Aunado a ello, testimonios de vecinos acreditaron que la mañana del 5 de septiembre, el área fue acordonada por miembros del Ejército Mexicano, y que lo que se escuchó no fue un intercambio de balazos, como suelen ocurrir en Nuevo Laredo, sino impactos de bala espaciados.

Por el recorrido realizado por personal del CDHNL, se confirmó que en los domicilios que colindan con el número 902 de la calle 7, “no presentan un solo disparo en sus fachadas, y tampoco hubo personas lastimadas o heridas, ni de la Policía Estatal ni de Ejército ni tampoco civiles”.

(Con información de PROCESO)

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